El ministro de Justicia marroquí, Mustafa Ramid, el 19 de septiembre de 2012 remitió la circular 40 S/2 del Ministerio de Justicia y de las Libertades de Marruecos dirigida a los procuradores generales encargados de los procesos de apelación de los TPI instruyéndoles para que se opongan a la entrega de bebés a extranjeros “si estos no residen habitualmente en el territorio nacional”.
Ramid tomó esta iniciativa para que los jueces puedan controlar que las familias extranjeras respeten los requisitos de la “kafala”. Por ello, insistió en la necesidad de fijar un mecanismo para que el niño tutelado conserve su nacionalidad marroquí, su nombre y su religión musulmana, y que quede bajo el control de una autoridad judicial marroquí.
